El presidente Donald Trump, en su primer día de regreso al poder, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a mujeres transgénero ser alojadas en prisiones femeninas y restringe el uso de fondos federales para tratamientos médicos relacionados con la transición de género. Esta medida, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, busca limitar el reconocimiento del género al sexo asignado al nacer.
La orden también se aplica a los centros de detención migratoria y elimina tratamientos como la terapia hormonal y la cirugía de reasignación de género, considerados necesarios por la comunidad médica para tratar la disforia de género. Activistas y expertos legales han advertido que la política incrementará los riesgos de abuso sexual y problemas de salud mental entre las personas trans encarceladas.
Según datos federales, las personas transgénero en prisión tienen 10 veces más probabilidades de sufrir abuso sexual que otros reclusos. Organizaciones de derechos LGBTQ anticipan batallas legales para frenar la implementación de estas políticas, que califican como discriminatorias y peligrosas para la población trans.